lo que el Decreto 0742 realmente dice sobre cerrar una mina — y la oportunidad que Córdoba tiene de negociar

Cerro Matoso ya detuvo una de sus dos líneas de producción. Más de 220 empleos están afectados. Y su propio presidente, Ricardo Gaviria, lo dijo sin rodeos: la empresa "no descarta cierres indefinidos de producción" si la crisis de gas con Canacol no se resuelve. No lo decimos nosotras. Lo dijo la empresa. El Decreto 0742 de 2026 —la primera regulación integral de cierre de minas que ha tenido Colombia, expedida el 9 de julio— reconoce exactamente esta situación como cierre temporal: la que aplica cuando circunstancias técnicas o económicas obligan a suspender la operación sin que sea definitivo. Y le da un papel concreto a cada actor. A los sindicatos y los trabajadores, el decreto los sube a la mesa de verdad: exige un proceso de concertación previa, no una simple socialización, donde se revisan junto con la empresa las propuestas de sustitución, diversificación productiva y reconversión laboral. No se les informa. Se concerta con ellos. Al Ministerio del Trabajo le da dos papeles: debe ser informado de inmediato cuando el cierre implique desescalamiento con impacto significativo en el empleo, y además tiene la competencia de aprobar el componente laboral del Plan de Cierre. No observa desde afuera: decide. A la autoridad minera y a la autoridad ambiental, el decreto las obliga a aprobar juntas el Plan de Cierre completo. Y lo que el decreto no dice: en ninguno de sus artículos aparece un papel para las autoridades étnicas. El Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré son autoridades públicas con personería jurídica propia, y aun así lo más cercano que el decreto les da es el deber de informarles el cronograma, como a cualquier "autoridad local". Informar no es concertar. Y en esta zona esa diferencia pesa: fueron precisamente estas dos autoridades las que en 2017, en la Sentencia T-733, tuvieron que llevar a la Corte Constitucional la prueba de que Cerro Matoso no las había consultado bien durante más de 30 años. El abogado que representó ese litigio, Abelardo de la Espriella, es hoy presidente electo de Colombia. Han pasado diez días desde que el decreto entró en vigencia. Diez días desde que se trazó, por primera vez, una ruta clara para lo que le corresponde a cada uno. ¿Y qué ha pasado? Los trabajadores y contratistas de Cerro Matoso ya se movilizaron una vez, el 16 de julio, frente a la Superintendencia de Servicios Públicos —pidiéndole al Gobierno, a la Superintendencia de Sociedades y al Ministerio de Minas que intervengan en la crisis del gas—. Pero el Ministerio del Trabajo no está en esa lista de puertas tocadas. Tampoco hay registro de que la empresa haya reportado nada, ni de que se haya abierto la concertación previa que la norma exige. Y aquí queremos ser claras: nosotras ya lo habíamos dicho. Al sindicato: la obligación de exigir la garantía de los derechos laborales no nació el 9 de julio, el propio decreto solo confirma que "se podrán fijar medidas preventivas y previstas en la ley, para la garantía de los derechos de los trabajadores" — pero el camino para pedirlas no era la puerta del gas. A la empresa: la debida diligencia y la obligación de informar al Ministerio del Trabajo no nacieron con este decreto tampoco, están en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo desde hace décadas. Y al Estado: los ministerios ya tenían el deber de actuar, y no lo hicieron. Pero esto no es el fin. Es la oportunidad de convertir la crisis en motor de desarrollo. El sur de Córdoba ya cuenta con el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva, reconocido por la UPME, que agrupa a Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano y los demás municipios del Alto San Jorge —el vehículo que ya existe para que la reconversión productiva no se quede en el papel—. Y si el país ya decidió, con la creación de Ecominerales, que el Estado puede tener empresas mineras propias, no hay razón para que esa misma lógica no llegue a esta región: que Cerro Matoso deje de ser solo un negocio de capital extranjero y el distrito minero del sur de Córdoba tenga su propia participación, como ya lo hace la Nación con Ecopetrol. Hoy, con esta crisis, con este decreto recién nacido, con un presidente electo que conoce de primera mano lo que significa no haber tratado bien a este territorio, esa exigencia pesa más que nunca. La pregunta no es si Cerro Matoso va a cerrar o no. La pregunta es si el sur de Córdoba va a llegar a esa mesa como algo que se negocia, o como quien negocia.