🔧 El sur de Córdoba ya entendió que esto no fue un accidente. Ahora toca actuar.

Lo dijo el propio presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, en entrevista con Semana: "La cuenta de cobro es al Gobierno que está saliendo, porque en ese gobierno no se entregó ninguna licencia de exploración." Lo respaldó con números — de 229 licencias en el gobierno Uribe a cero en el que acaba de terminar. Y esta semana la senadora Ana Paola García lo confirmó desde otro ángulo, cuestionando si la empresa realmente cumple los requisitos legales para suspender contratos por fuerza mayor.

Ya no hace falta convencer a nadie de que esto era previsible. El sur de Córdoba lo entendió. La pregunta ya no es "¿de quién es la culpa?" — es "¿qué vamos a hacer nosotros con lo que ya sabemos?"

Para el departamento: proteger las regalías antes de que el hueco sea más grande

Si la operación sigue reducida, la caída en regalías, impuestos y contratación no es una cifra abstracta — es presupuesto real para Córdoba. El departamento y los municipios beneficiarios deberían activar ya una mesa de seguimiento fiscal con la Contraloría y Planeación Departamental para cuantificar el impacto proyectado en el Sistema General de Regalías, y explorar ante el Gobierno nacional mecanismos de compensación o contingencia para los territorios que dependen de esta operación — no esperar a que termine el año para descubrir el tamaño del detrimento.

Para los sindicatos: de la denuncia a la ruta concreta

Sintracerromatoso y Sintramineros ya dieron el primer paso correcto: exigir por escrito que cualquier suspensión cumpla el artículo 51 del CST con autorización previa del Ministerio del Trabajo. El siguiente paso es consolidar eso en una mesa tripartita formal —empresa, sindicatos, Ministerio del Trabajo— que no se limite a reaccionar contrato por contrato, sino que defina de una vez un protocolo pactado: qué pasa si la situación se prolonga, qué garantías económicas aplican, y una ruta de reconversión laboral para quienes puedan verse afectados si esto se extiende más allá de unos meses.

Para la empresa y el Gobierno: la herramienta jurídica ya existe, hay que usarla

La Superintendencia de Sociedades tiene en sus manos la excepción de orden público de la Ley 1116 de 2006, pensada exactamente para casos como este: proteger la continuidad de servicios esenciales frente a decisiones extranjeras de insolvencia. Esa es la palanca real, y hasta ahora no se ha activado con la fuerza que la situación exige.

Lo que hace falta ahora no es más indignación, es método

Tres frentes, tres responsables, tres plazos distintos — pero una sola condición para que esto no se repita: que cada actor deje de reaccionar contrato por contrato, resolución por resolución, y empiece a construir la ruta completa antes de que la próxima crisis también nos tome por sorpresa. El sur de Córdoba ya demostró que sabe leer lo que está pasando. La siguiente prueba es si sabe organizarse para resolverlo.